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Los servidores públicos y la paz

By | Columnas, Noticias

 

Por Eduardo Gómez

El título de esta columna tiene un propósito: recalcar que la función pública (nombre oficial en Colombia de algunos de los puestos de trabajo del Estado) debe ser vista como un servicio que se presta a los ciudadanos. Y en tanto que estos trabajos deben ser vistos como servicios, la actitud y el comportamiento de estos trabajadores (funcionarios públicos) es tan importante como el debido cumplimiento de sus funciones.

 

Cuando hablo de actitud me refiero a la disposición general para adoptar ciertos comportamientos, esta actitud está mediada por las creencias y las expectativas que tiene cada una de las personas que hacen parte de un grupo social. Y estas creencias y expectativas prefiguran y configuran las disposiciones culturales, que son los verdaderos mecanismos que nos permiten escoger ciertos comportamientos en ciertos momentos. En otras palabras, cuando un ciudadano llega a un cubículo de atención del Estado, en el cual encuentra a otro ciudadano que ostenta la dignidad de ser un servidor público se activan, de parte de ambas personas, una serie de disposiciones culturales que se concretan en comportamientos, los cuales permiten que se de una interacción social.

 

Dependiendo de las creencias y expectativas de cada una de las partes, los comportamientos durante la interacción pueden ser pacificas o violentas. En buena medida, que sea violenta o no también depende de una lectura del grupo social al que yo pertenezco: los demás me van a premiar (o no) por comportarme violentamente en esos espacios de interacción con funcionarios públicos. Desafortunadamente, hay grupos sociales en donde ser violento con otras personas (y especialmente con servidores estatales) está bien visto y es premiado con admiración por los amigos y conocidos que me son importantes.

 

En este contexto, también debemos tener en cuenta que las interacciones violentas que involucran servidores públicos son relativamente frecuentes y tienen una gran exposición pública en medios de comunicación. Por ejemplo, aquellas que involucran agentes de policía en medio de problemas callejeros; pero también se ven aquellas en las cuales mueren personas por negligencias atribuidas (con o sin pruebas) a falencias del servicio público, como en las muertes por paseos millonarios, alcantarillas destapadas y otros problemas de este tipo.

 

Y es que para muchos colombianos la confianza en los servidores públicos es problemática; en las encuestas de Cultura Ciudadana[1], realizadas por Corpovisionarios, realizamos la siguiente pregunta: ¿Qué tanta confianza tiene en los funcionarios públicos? La respuesta es desalentadora, el 53,4% de los encuestados dice que poca confianza y 35,2% dice que ninguna. Estas respuestas se pueden complementar con las que salen de la pregunta ¿usted cree que más de la mitad de los funcionarios públicos son corruptos?, en donde el 87,3% de las personas respondieron que si lo creían; también a la pregunta ¿qué tanta confianza tiene en la alcaldía?, el 54,5% de los encuestados dijeron que poca y el 21,5% dijeron que ninguna. Finalmente, a la misma pregunta, pero con la gobernación, el 55,1% dijo que poca y el 23,3 % que ninguna.

 

¿Cómo asegurar la paz con estos problemas de comportamiento y estos niveles de desconfianza en el Estado? Esta pregunta no se responde fácilmente, pero sin lugar a dudas una gran parte de la respuesta va a estar cifrada en las actitudes y comportamientos de los servidores públicos hacía el futuro. El profesor Antanas Mockus ha dicho repetidamente que, en muchos casos, la percepción de corrupción que aparece en las encuestas podría provenir de un castigo de los ciudadanos al mal servicio prestado por algunos funcionarios, mal servicio que se hace concreto y directo en actitudes y comportamientos que impiden que los ciudadanos accedan a los servicios que ofrece el Estado.

 

Un plan de mejoramiento del servicio público para la paz, es una acción que aparece en el horizonte inmediato como una prioridad del Estado; los colombianos deben tener la certidumbre de poder acercarse a las alcaldías, a los policías, a los jueces y a todos los funcionarios públicos para que sus problemas sean arreglados y para poder acceder a la oferta de servicios estatales de manera pronta, eficaz y que en caso de que ese funcionario no sea el encargado, lo va a direccionar y a ayudar para poder acceder a los servicios que está demandando el ciudadano.

 

Para finalizar, está claro que la consolidación de un paz estable y duradera pasa por la confianza en los servidores públicos y en las instituciones; pero también debe pasar por la transformación de nuestras creencias, expectativas, actitudes y comportamientos como miembros activos de nuestras comunidades y como ciudadanos responsables. Buena parte de la pedagogía, que se debe implementar a futuro, debe proponer un compromiso fuerte con generación de empatía, de solidaridad y de corresponsabilidad por parte de todos los ciudadanos colombianos.

[1] Las cifras que se presentan aquí son el promedio ponderado de las encuestas realizadas entre el año 2008 y el año 2015 en las ciudades del país.

El comienzo del fin de la guerra o la cuota inicial para la paz

By | Columnas, Noticias

Por Eduardo Gómez

“Adiós a la guerra”, “Callaron los fusiles”, “Llego el día: Gobierno y Farc firman el fin del conflicto”; así han titulado varios de los principales medios de comunicación del país la extraordinaria noticia: por fin, después de cuatro años de negociaciones en La Habana, el Gobierno Nacional y las FARC-EP han logrado ponerse de acuerdo sobre el acuerdo para el cese al fuego bilateral y definitivo.

Está es, sin lugar a dudas, una gran noticia; que el grupo subversivo más grande del país y el Gobierno nacional hayan logrado acordar silenciar las armas, habla de la forma responsable y seria como se han construido estos compromisos. Una gran noticia para todos los colombianos, ya que en una buena parte del país la guerra dejará de ser una consideración de la vida cotidiana, tanto de las comunidades y gobiernos locales, como de los esporádicos visitantes que se atrevían a llegar hasta estos lugares azotados por el conflicto armado.

Pero no nos podemos equivocar, este acuerdo entre las FARC-EP y el Gobierno Nacional no es, desafortunadamente, el fin del conflicto armado. Aún es necesario lograr que el ELN se siente a la mesa de negociaciones, acepte que es la hora de confiar que algunos de sus objetivos pueden alcanzarse sin la guerra y que otros deberán transformarse para que puedan ser parte de la vida de los colombianos. También es necesario que se desarmen los otros grupos armados, esos que han sido llamados neo-paramilitares y que han venido asolando con su presencia a muchas comunidades rurales y urbanas del país.

Por eso, el acuerdo que ahora estamos presenciando, así como la firma definitiva entre Gobierno y FARC, es la cuota inicial para la paz. Una gran cuota, no cabe duda, pero desafortunadamente no es la totalidad de lo que necesitamos los colombianos para poder vivir en paz. Aparte de las amenazas armadas de las que acabamos de hablar, también es muy importante una transformación de la Administración pública en los niveles local, regional y nacional; un cambio que permita que los principios de transparencia, eficacia y eficiencia se tomen a esas necesarias pero hoy inoperantes oficinas burocráticas estatales. Un cambio que permita que la cultura de la legalidad reemplace la corrupción administrativa, pensada no sólo en los robos descarados y cotidianos de los que nos dan cuenta las noticias, sino también en la utilización de los puestos y del poder público para el favorecimiento de intereses privados, la mayoría de las veces representados por mafias locales y regionales que han cooptado estas posiciones. Se necesita de una Gestión Pública Admirable, como la que Antanas Mockus implementó en su paso por la Alcaldía de Bogotá.

Y otra amenaza para la paz futura está representada por algunas de las disposiciones culturales que tenemos los ciudadanos colombianos; algunos hallazgos de la Encuesta de Cultura Ciudadana (ECC) de Corpovisionarios[1] nos permite poner en evidencia dichas disposiciones: encontramos por ejemplo que ante la pregunta ¿usted cree que más de la mitad de los ciudadanos son corruptos?, el  55.1% de los encuestados respondieron afirmativamente; frente a la misma pregunta, pero con funcionarios públicos, la respuesta afirmativa crece a un deplorable 87.3%; cuando preguntamos si deberían darle una golpiza a un delincuente cuando es atrapado por los ciudadanos, la respuesta positiva es de 26% Estos resultados, en temas tan diferentes, y observando otros indicadores de la ECC, permiten afirmar que el trabajo que nos queda como sociedad para que la paz sea una realidad, es bastante grande y debe contar con la voluntad de todos los 48 millones de colombianos.

Bienvenido este acuerdo, bienvenidos los combatientes de las FARC-EP a la vida política pacifica y desarmada. Ahora debemos preguntarnos cómo implementaremos la pedagogía para la paz, una pedagogía que permita que la violencia intrafamiliar deje de ser aceptada, que las celebraciones no impliquen muertos y emergencias hospitalarias, que la diversidad cultural y sexual sea celebrada y gozada por todos, entre otros temas importantes. Para la paz tenemos un camino largo y debemos comenzar ya para que todos los ciudadanos colombianos podamos disfrutar de sus beneficios muy pronto. Como nos repite constantemente Antanas Mockus: La vida es sagrada.

[1] Todas las cifras presentadas provienen de la Encuesta de Cultura Ciudadana, son promedios realizados entre el año 2008 y el año 2015 en más de 80 mediciones en todo el país.

La paz es la victoria de las víctimas

By | Columnas, Noticias

Tomado de Semana.com

La paz es la victoria de las víctimas: Antanas Mockus.

Por fin comprendimos que la paz consiste en amarrarnos las manos. Mediante lo acordado, ambas partes se imponen altos costos en caso de incumplimiento.

Algunos expertos explican lo que es una Constitución como un sistema de compromisos previos adoptados en momentos de cordura para evitar extralimitaciones en momentos de locura: Pedro sobrio aprovecha el momento de sobriedad para evitar emborracharse, acordando medidas que hagan más difícil y costoso dejarse llevar por la tentación de embriagarse.

Todo el mundo sale ganando. El blindaje jurídico me parece impecable y responde bien a la enorme desconfianza que todavía existe entre la ciudadanía, el gobierno y las FARC.

Los colombianos encontramos en nuestro ordenamiento constitucional vigente (“la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”) no solo la posibilidad de celebrar un Acuerdo humanitario, sino la obligación de hacerlo y protegerlo.

La paz, entre otras cosas, es la aplicación del artículo 11 de la misma Constitución que dice:  “El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte”.

Un hecho puntual: alguien me ha hecho el favor de circular en las redes sociales un fotomontaje que me muestra sosteniendo un mensaje mediante el cual me sumo a la resistencia civil convocada por el ex presidente Uribe.

Trato aquí de aplicar la metodología de la comunicación no-violenta (hechos, sentimientos, necesidades y requerimientos). Como eso no es cierto, me siento mal y les pido a quienes me atribuyeron ese mensaje que lo recojan y cuelguen la imagen que sí me representa.

Adjunto la foto original en la que sostengo un afiche en letras rojas sobre fondo papel periódico. El mensaje es mucho más corto y podría servir de tema de reflexión, para las víctimas, para los amigos de la paz, para los amigos de Uribe y sobre todo para los ciudadanos pesimistas o indiferentes.

El mensaje original es muy simple: La paz es la victoria de las víctimas.

Todos los colombianos nos podemos beneficiar con la paz, pero quienes más ganan con una paz estable y duradera doblemente amparada –desde adentro y desde afuera- son las víctimas. Se rompe así el infernal ciclo intergeneracional por el cual los hijos de una violencia se ven destinados a vivir la siguiente.

Colombia estrena una manera ejemplar de resolver sus problemas, poniendo de testigo y garante a la comunidad internacional, reconociéndole una autoridad extraordinaria a su Corte Constitucional y a su Congreso. Que una transición como la que estamos viviendo lleve a decisiones democráticas que cambien en algún grado a la sociedad colombiana no nos debería dar miedo.

Hemos pagado altos precios por la guerra, debemos estar dispuestos a pagar un precio por la paz. Somos más fuertes y mejores de lo que casi siempre hemos creído. Es tiempo de madurar. Tiempo de comprender. Tiempo de dejar atrás los atajos de la violencia y la trampa.

Columna: «Ojo por diente»

By | Columnas

Nuevamente dos ciudadanos protagonizan un episodio polémico que pone en evidencia puntos clave de nuestra cultura ciudadana sobre los cuales vale la pena re-pensarnos. Como el video fue ampliamente difundido, no me extenderé en la descripción de los hechos (ver video). En síntesis, un par de fleteros asalta a los pasajeros de un vehículo parqueado en el occidente de Bogotá y huyen en moto de alto cilindraje. El vehículo arranca a perseguirlos y en una maniobra difícil de comprender logra atropellar la moto, ocasionando en el acto la muerte de uno de los fleteros, dejando al otro herido e inmovilizando su vehículo (también de alta gama) sobre un separador. El conductor asaltado fue capturado temporalmente y se inició un proceso en su contra por homicidio en accidente de tránsito.

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Aunque la violencia sigue… tenemos leyes, muchas leyes

By | Columnas

Este 25 de noviembre conmemoramos el Día de la no violencia contra la mujer y, como el resto del año, todos salimos a las calles o manifestamos nuestro reproche a todo tipo de acto violento en contra de ellas, o de nosotras. En un país con muy altas tasas de violencia de género el movimiento por la defensa de la integridad de la mujer ha logrado hitos importantes, principalmente en el ámbito jurídico, que es preciso destacar como avances. Se ha logrado sacar el problema de la violencia contra la mujer del ámbito doméstico y abordarlo como un problema de política pública, eliminando todo tipo de justificaciones y atenuadores como el estado de ira o intenso dolor, que por mucho tiempo justificó el crimen pasional. Se ha alcanzado cierta igualdad formal ante la ley, así como la creación de leyes específicas para mujeres, orientadas a la protección y la discriminación positiva. Se ha movilizado esfuerzos desde la sociedad civil y el estado para empoderar a las mujeres en el ejercicio de sus derechos y se ha tipificado el feminicidio como un delito particular. Read More